Si bien los fabricantes está trabajando para avanzar en la disposición responsable de los aceites lubricantes usados (ALU), falta sentar las bases normativas para que el sistema opere unificado y, con ello, sea sustentable económicamente.

Hace tres años que se promulgó la Ley 20.920, de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje (REP) y el camino para lograr un cambio ha sido lento, pese a las intenciones de las marcas de lubricantes, uno de los productos que forma parte de lo dispuesto por la normativa.
El 2017, en el marco del Acuerdo de Producción Limpia (APL), se constituyó el Consorcio de Empresas Lubricantes Adheridas (Cela), que reúne a YPF, Enex, Esmax y Total, faltando solo Copec entre los grandes productores o comercializadores de lubricantes.
Dentro de los próximos meses deberían ser definidos los marcos legales que van a establecer la operación de la Ley REP, pero anticipándose a ello, el año pasado esta agrupación implementó el primer plan piloto en Chile para el manejo responsable de los aceites lubricantes usados (ALU), donde se realizó una logística de recolección y manejo en el sector retail de talleres y lubricentros de la Región Metropolitana. Esto, con el objetivo de recopilar y aportar información concreta a los ministerios vinculados para la definición de futuras metas de recolección y valorización del producto.
Porque uno de los fundamentos de esta ley es establecer una “ecotasa”, que sea cancelada por el cliente que compran el lubricante y, con ello, cubrir los costos de recolección y tratamiento de los ALU, costo que hasta el momento es asumido por los fabricantes y comercializadores.
Aquí han ido surgiendo varias aristas que son relevantes, según explica Arnaud Bourhis, representante de Cela y Director General de Total Chile.
“Para que funcione el sistema debe estar integrado por todos los actores y es necesario contar con reglas que dispongan condiciones igualitarias para que operen todos ellos y que no existan incentivos que se alejan del objetivo final que es disponer de los residuos con altos estándares de eficiencia y control”.
En este sentido, se comprende que desde el punto de vista logístico, por ejemplo, es más atractivo recolectar los ALU en la zona central del país que en Punta Arenas. Menos costo en los traslados y mayor cercanía con las plantas de tratamiento, para luego comercializar el producto resultante.

Proceso
El mercado de lubricantes anualmente bordea los 170.000 m3 y, de este consumo, se considera una pérdida dentro del proceso productivo de 49.000 m3, dando como resultado una generación de 120.000 m3 de aceites lubricantes usados.
Mensualmente 6.000 m3 de ALU son procesados en plantas de tratamiento. De estos, 46.000 m3 se recuperan como combustibles alternativos en plantas cementeras y 22.000 m3 son utilizados como combustible alternativo líquido. Mientras del global de ALU, 45.000 m3 tienen un destino desconocido, lo que equivale a un 38%.
“Entendemos que esta reutilización también es una instancia de negocios, pero no debe ser el fin último, porque no resulta atractivo procesar los ALU que están en zonas más lejanas”, profundiza Arnaud Bourhis.
Uno de los aspectos que ha llamado la atención del plan piloto es que, bajo el actual escenario de disgregación de los actores, los costos promedio de la “ecotasa” serían superiores a los estimados al momento de pensar la ley, principalmente por un factor de poca eficiencia.
Con la información entregada a los ministerios, se pretende que estos apoyen la conformación de un sistema de gestión colectivo único, donde las grandes compañías del sector de lubricante puedan adherirse, trabajando con metas realistas. Además, buscan disminuir la brecha de ALU que no se puede realizar seguimiento y lograr una eficiencia económica que vaya de la mano con la esencia de la Ley REP en fomentar una económica circular con la trazabilidad, recolección y valorización del ALU.
Las empresas dedicadas al transporte y valorización del ALU se verán beneficiadas gracias al mayor número de consumidores accesibles. Fomentado así la economía circular, con un mercado regulado de nuevos combustibles y aceites derivados del reciclaje de este producto.
Con esto se espera tener un sistema eficiente que mejore la trazabilidad del ALU, conseguir altas tasas de recolección y valorización, consolidar el valor de una ecotasa, esperando que las metas que designe el Ministerio del Medioambiente, a través de la Ley REP, estén alineadas a la realidad del mercado y que exista una igualdad de responsabilidad de los actores existentes (Productores e Importadores paralelos).
Incluso, si se establece en las normas un porcentaje de ALU que debe ser tratado para volver a utilizarse como aceite lubricante, existiría el incentivo para crear en el país plantas que hacen este proceso y reducir el CO2 que se produce con la quema de estos residuos, que resulta más atractiva por costos, pero no desde el punto de vista ambiental.

Rol del transporte
La mayoría de los ALU son generados por el sector industrial, principalmente la minería, que tiene la ventaja de contar con protocolos similares en la disposición de desechos. Por tanto, es más fácil hacer un seguimiento y recolección de esos productos.
Pero aquí la buena disposición de los empresarios, mientras sigue el proceso normativo, cobra un rol fundamental.
Pueden contactarse con Cela (celachile@ecobaus.cl) o sus distribuidores para gestionar el retiro gratuito de sus lubricantes usados y así aportar a que estos tengan un destino adecuado y no formen parte del 38% con un paradero indeterminado, pero que probablemente estén contaminando el planeta.
Solo como un ejemplo, un litro de ALU puede contaminar un millón de litros de agua potable.